Participar en un proceso de contratación estatal en Colombia —ya sea una licitación pública, un concurso de méritos o una convocatoria abierta— puede representar una oportunidad importante para una empresa, pero también implica asumir obligaciones legales que, si no se gestionan bien desde el inicio, pueden derivar en descalificaciones, sanciones o litigios costosos. A continuación explicamos los puntos que toda empresa debería revisar antes de presentarse a un proceso con el Estado.
1. Verificar la capacidad jurídica, financiera y técnica exigida
Cada pliego de condiciones establece requisitos habilitantes que la empresa debe cumplir para que su propuesta sea evaluada: capacidad jurídica (objeto social, representación legal, RUP actualizado), capacidad financiera (indicadores de liquidez, endeudamiento y patrimonio) y capacidad técnica o de experiencia (contratos similares ejecutados). Un error frecuente es presentar la propuesta sin haber verificado con suficiente anticipación que la empresa cumple realmente estos requisitos, lo que puede llevar a un rechazo antes de que la oferta económica siquiera se evalúe.
2. Revisar el Registro Único de Proponentes (RUP)
El RUP es el documento que certifica ante las entidades estatales la experiencia, capacidad y clasificación de un proponente. Mantenerlo actualizado y correctamente clasificado (por códigos UNSPSC) es indispensable, especialmente en procesos de infraestructura y obra pública, donde la clasificación indebida es una de las causas más comunes de rechazo de propuestas.
3. Entender el tipo de contrato y sus riesgos
No es lo mismo participar en un contrato de obra pública tradicional que en una concesión, una Asociación Público-Privada (APP) o un contrato de consultoría. Cada figura contractual distribuye los riesgos de manera distinta entre la entidad y el contratista —riesgos constructivos, financieros, regulatorios, ambientales—, y esa distribución debe quedar clara antes de firmar. Un análisis legal previo permite anticipar qué riesgos asumirá la empresa y negociar, cuando sea posible, condiciones más equilibradas.
4. Prepararse para posibles controversias
Los contratos estatales, en especial los de infraestructura y concesiones de gran escala, tienen un historial frecuente de controversias: incumplimientos, desequilibrios económicos del contrato, incumplimiento en los pagos o interpretaciones distintas sobre el alcance de las obras. Sabiendo esto de antemano, es recomendable que la empresa revise desde el inicio las cláusulas de solución de controversias del contrato —ya sea litigio ante la jurisdicción contencioso-administrativa, arbitraje nacional o, en contratos con componente internacional, arbitraje internacional o amigable composición— para saber a qué mecanismo podrá acudir si surge un conflicto.
5. Acompañamiento legal desde la etapa precontractual
Muchos de los problemas que terminan en litigios o arbitrajes se originan en decisiones tomadas —o no tomadas— durante la etapa precontractual: observaciones al pliego que no se presentaron a tiempo, riesgos que no se advirtieron, o cláusulas que se aceptaron sin un análisis detallado. Contar con acompañamiento legal especializado desde que se conoce la convocatoria, y no solo cuando surge un problema, reduce significativamente la exposición de la empresa.
En Noguera Serrano Abogados asesoramos a empresas privadas y entidades públicas en todas las etapas de la contratación estatal: desde la revisión de pliegos y la estructuración de propuestas, hasta la representación en litigios y arbitrajes derivados de contratos de infraestructura, concesiones y obra pública. Si su empresa está evaluando participar en un proceso de contratación estatal, contáctenos para una asesoría inicial.
